Los diputados de la Asamblea de Extremadura sacaron ayer pecho ante las críticas recibidas estos días, y votaron por unanimidad reformar la ley autonómica del Suelo para que los ayuntamientos puedan autorizar la instalación de empresas en terrenos protegidos por su valor natural. «Las leyes las hacemos los diputados, y también las podemos cambiar», defendieron a una Valentín García (PSOE) y Teresa Angulo (PP).
Organizaciones ecologistas y algún profesor de la Universidad de Extremadura han calificado estos días de «atentado» la decisión de cambiar la ley después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara el decreto en el que se basa la construcción de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas en El Gordo y Berrocalejo.
Jurídicamente el asunto está en el aire. La anulación del decreto ha sido recurrida por la Junta al Tribunal Supremo, y la Consejería de Fomento sostiene que la reforma el año pasado del plan urbanístico municipal de El Gordo que autoriza la urbanización es suficiente; máxime cuando se homologue con el cambio en la normativa del suelo aprobada ayer en el Parlamento autonómico.
Pero no está claro que una ley pueda legalizar a posteriori una actuación anterior.
Por asentimiento de los 59 diputados presentes de PSOE y PP cambia el artículo 11 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial (Lesotex) en el sentido de que los terrenos protegidos por la Red Natura 2000 no son necesariamente no urbanizables, sino que los planes municipales pueden reclasificarlos a urbanizables dentro del respeto a sus valores naturales.
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